Equo, Notas de Prensa

EQUO pregunta cuánto va a costar a los cántabros el Alto del Cuco y pide la depuración de responsabilidades

EQUO pide al Gobierno de Cantabria y al Ayuntamiento de Piélagos que acaten la sentencia del Tribunal Supremo en el Alto del Cuco, impulsen la restauración ambiental de la zona y expliquen pormenorizadamente cuánto dinero público se ha dilapidado en este proceso y si queda pendiente el pago de indemnizaciones a la empresa promotora o a los compradores de las viviendas. En época de crisis y recortes los cántabros tienen derecho a saber cuánto les va a costar las ilegalidades cometidas en el Alto del Cuco.

Por otra parte, los ecologistas de EQUO consideran que la sentencia del Tribunal Supremo ratificando la ilegalidad del Plan Parcial del Alto del Cuco debe conllevar la dimisión o el cese del Director General de Medio Ambiente, Emilio Flor, y la asunción de responsabilidades por parte del actual presidente del Gobierno de Cantabria, Ignacio Diego.

El partido verde reclama la dimisión o el cese del Director General de Medio Ambiente, Emilio Flor, porque fue el responsable técnico de la evaluación ambiental que permitió construir la urbanización del Alto del Cuco. En 2003 el señor Flor era jefe del Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental y su informe fue completamente rebatido en la sentencia dictada en 2007 por el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria.

Además, EQUO Cantabria solicita a Ignacio Diego que asuma algún tipo de responsabilidad por su reiterado e incondicional apoyo a la gestión urbanística del popular Jesús Ángel Pacheco al frente de la alcaldía de Piélagos y, más concretamente, con relación a la urbanización del Alto del Cuco.

Por último, el nuevo partido cántabro felicita a ARCA por su hoja de servicios a favor de la legalidad urbanística y lamenta que PP, PRC y PSOE siguan trabajando como una piña en la dirección contraria, protegiendo con un manto de silencio a quienes actúan irregularmente y pactando en el Parlamento modificaciones a la carta de la Ley del Suelo y del Plan de Ordenación del Litoral (POL) para llevar a cabo disparates como generalizar la construcción de viviendas en suelo rústico.

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