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El Gobierno cántabro neutralizará el nuevo permiso para usar el fracking

La ley en trámite anulará la autorización prorrogada por el Ministerio para Angosto-1, un proyecto que afecta también a Vizcaya y Burgos

El Ministerio de Industria, Energía y Turismo ha ampliado el permiso para que un grupo de empresas busquen gas en la cornisa cantábrica ayudadas por la técnica de la fractura hidráulica, o fracking. La licencia afecta a un ámbito denominado ‘Angosto-1’, ocupado por tres provincias: Burgos, Vizcaya y Cantabria, donde el Gobierno regional tramita precisamente ahora la prohibición de ese método de prospección, pues entiende que daña el entorno donde se aplica. El Consejo de Gobierno autonómico ya ha aprobado el proyecto de ley, que tramitará de urgencia en el Parlamento en febrero.

¿Entonces, en qué queda el permiso ministerial? Para Cantabria, en agua de borrajas, según sostiene el Ejecutivo de Ignacio Diego. La ley en ciernes no invalidará las autorizaciones estatales, o sea el permiso para sondeos cuando engloben a varias autonomías (si solo afecta a una región, es su administración la que decide), pero sí prohibirá realizarlos aquí mediante la controvertida fractura hidráulica. Esta técnica inyecta en el subsuelo toneladas de agua mezclada con roca y materiales químicos, a gran presión, para así abrir grietas y conseguir empujar el gas encerrado, denominado gas pizarra o ‘shale gas’.

El consejero de Medio Ambiente y Urbanismo, Javier Fernández, explicó ayer que cualquier solicitud de prospección debe atender «toda la legislación sectorial y también la legislación de Cantabria». Es decir, que una cosa no quita la otra, y que el impedimento del ‘fracking’ se aplicará como si la actividad minera autorizada por Madrid se topase con un inmueble declarado Bien de Interés Cultural y rodeado por una zona de protección, o con un yacimiento arqueológico igualmente preservado. «El ministerio aprueba la investigación y nosotros prohibimos sólo la técnica», subrayó Fernández.

De ahí que el proyecto de ley especifique, en su disposición transitoria, que la limitación afectará tanto a los permisos ya concedidos como a los que se aprueben desde la entrada en vigor de la norma regional.

Porque el episodio de ayer se volverá a repetir en el futuro, ya que, a diferencia del cántabro, el Gobierno de Mariano Rajoy considera la prospección hidráulica como una vía interesante: evita emisiones de dióxido de carbono y localiza con eficacia reservas energéticas de las que el país carece para su suministro. Dos administraciones que piensan diferente, pues, sobre un asunto que, por otro lado, constituye la primera discrepancia entre ambos gobiernos populares.

Aplausos y queja
En Cantabria hay concedidos hasta la fecha seis permisos Riesgos Frackingpara sondeos gasísticos, cinco nacionales y otro, autonómico. El que acaba de ampliar el Ministerio lo disfruta el operador integrado por Sociedad de Hidrocarburos de Euskadi, Cambria Europe y Petrichor Euskadi. Concedido en 2006 por un periodo de seis años, se extenderá otros ocho meses, hasta el 19 de agosto de 2013. El motivo: la suspensión de los trabajos a que han obligado algunas demoras administrativas.

La prohibición en curso de Cantabria abarcará la extracción y también la investigación. El presidente IgnacioDiego justifica su decisión con dos argumentos: el informe publicado en junio de 2011 por la Comisión de Medio Ambiente, Seguridad y Salud Pública del Parlamento Europeo, que rechazaba el ‘fracking’ por sus repercusiones medioambientales, y la «alarma social» despertada en las localidades donde se ha utilizado.

El aplauso a su planteamiento ha sido general: desde el alcalde de Santander, Íñigo de la Serna, hasta las numerosas asociaciones vecinales que habían organizado su indignación.El Gobierno recibió parabienes de numerosos flancos. Menos de uno, evidentemente.

La Plataforma Shale Gas España, que agrupa a cuatro empresas punteras en este negocio, pidió al presidente que diera marcha atrás en su propósito porque su actividad es «responsable» y promete un «beneficio económico» allí donde se despliega. Cuantifican que sólo la fase de exploración supondría una inversión superior a los cien millones de euros, amén de los arrendamientos de terrenos y los empleos creados. «El fracking no sólo es un sistema compatible con el Medio Ambiente sino un proceso industrial normal que se puede llevar a cabo de manera segura y que, aunque conlleva sus riesgos, estos son muy medidos», sostienen.

En un mes
Pero de nada ha servido su reclamación. La primera ley que sacará adelante el Parlamento cántabro nada más reanudar su actividad en febrero será precisamente la del fracking. Diego manifestó en diciembre su voluntad de «tramitarla de urgencia», y por eso el Consejo de Gobierno dio luz verde al proyecto el 28 de diciembre, como quien dice, víspera de vacaciones.

Tal es su confianza que incluso ha retado al Partido Regionalista y al Socialista a que opinen al respecto, pues «su posición hasta ahora ha sido bastante contradictoria», según azuzó el diputado Íñigo Fernández en diciembre.

Fuente: Diario Montañes

+ Mas Información: La guerra del fracking llega a España

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