2. CastroVerde PROPONE, Mociones

CastroVerde insiste en la necesidad de un Plan de Emergencia Municipal

El pasado pleno del 6 de febrero, presentamos y defendimos una moción para atajar las molestias que soportan los vecinos residentes junto a zonas industriales del municipio derivada de su actividad, proponiendo que el Ayuntamiento trasladara las quejas recibidas a las empresas y poder así estudiar soluciones conjuntamente.

Asimismo, la propuesta incidía en la necesidad de elaborar un Mapa de Riesgos conforme a la peligrosidad de las actividades e incorporarlo a un Plan de Emergencia que, entre otros aspectos, previera cómo actuar ante posibles accidentes.

Desgraciadamente tanto PP como PRC que gobiernan el Ayuntamiento rechazaron la propuesta y, como es habitual, el concejal del Partido Popular buscó cualquier argumento para justificar su negativa, obviando que el Ayuntamiento tiene esta tarea pendiente. Entre otras cosas llegó a afirmar que CV provocaba la alarma entre los vecinos, que ya se mantienen reuniones entre vecinos y representantes de las empresas continuamente, que el Ayuntamiento ya dispone de un Plan de Emergencias, etc.

De la supuesta existencia de reuniones sólo los que hayan participado podrán confirmarlo o desmentirlo. Sin embargo el concejal no aportó ningún acta de esas supuestas reuniones.

Respecto al Plan de Emergencia, que a su juicio se recogía en una serie de documentos (pinchar para verlos) que enseñó en el pleno, no lo es tal. En realidad se trata de un “Sistema Municipal de Atención de Emergencias”, documento que prevé la coordinación de emergencias, atención telefónica, recogida de datos e incluye Planes de Emergencia de Eventos Festivos.

Sin embargo, el “Plan de Emergencia Municipal” (PEMU) exigible a ciudades de más de 20.000 habitantes viene definido en la Ley 2/1985 de Protección Civil desarrollado en el Decreto 137/2005 del Gobierno de Cantabria, establece que el PEMU, para tener propiamente esa condición, deberá ser aprobado por el Pleno del Ayuntamiento y además tiene que ser homologado por la Comisión de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de Cantabria, tal y como exige el apartado 3 del anexo I de dicho Decreto. Ninguna de estas dos cosas ha sucedido aún.

Para mayor detalle, estas normas exigen, entre otras cosas, que el Plan debe determinar los mecanismos de información a la población para que siga determinadas directrices, debe prever simulacros de evacuación y debe identificar y analizar los riesgos por zonas y actividades. Nada de esto se posee actualmente.

Cuando en la Comisión Informativa de Seguridad, Policía Municipal y Protección Civil del 12 de julio del 2012 se presentó el convenio de coordinación, con el título “Sistema Municipal de Atención de Emergencias”, los técnicos y representantes políticos que asistimos a ella convenimos en que aquello no era propiamente un Plan de Emergencias sino una fase previa para su posterior redacción definitiva, cosa que hasta la fecha, lo cual aún no se ha hecho.

CV no pretende alarmar a nadie, pero sí informar real y verazmente para que los ciudadanos, que son a los que debemos defender y proteger, juzguen por si solos si la moción presentada merecía el rechazo o el respaldo de sus representantes.

 

Comentarios

Un comentario en “CastroVerde insiste en la necesidad de un Plan de Emergencia Municipal

  1. CastroVerde Alternativa verde de Castro Urdiales

    feb 17 a las 10:43 PM

    Parayo

    Buenas noches,

    respecto al comentario que ha puesto en nuestro blog referente a las medidas que presentamos al pleno para atenuar las molestias industriales, opinamos también que sería mejor que esta empresa química estuviera en otro lugar o que no se hubiese permitido construir en su alrededor, pero trasladarla no va a ser fácil…

    De cualquier forma, por favor, si nos puede decir la normativa a que se refiere, veremos qué se puede hacer desde el punto de vista legal.

    Un saludo

    CastroVerde

    CastroVerde, alternativa verde de Castro-Urdiales

    CV en Facebook – CV en Twitter

    … hola, no estaba mucho al tanto y siempre me había imaginado que ustedes – por su actividad política – tendrían a mano cualquier normativa al uso; he mirado y me ha salido al paso lo siguiente, lo cual les proporciono sin más y con mis saludos:

    – Reglamento RAMINP Decreto 2414/1961, de 30 de noviembre, de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas.
    En su artículo 3 se definen las actividades molestas como aquellas que “constituyan una incomodidad por los ruidos o vibraciones que produzcan o por los humos, gases, olores, nieblas, polvos en suspensión o substancias que eliminen”.
    En el mismo se da la referencia de una distancia mínima de 2 Km. a núcleo habitado, que ha sido un criterio generalizado para la implantación de infraestructuras ambientales de relevancia, así como numerosa jurisprudencia en casos de conflictos de origen ambiental por emisiones u olores. El régimen de actividades clasificadas ha sido regulado prácticamente por todas las Comunidades Autónomas, lo que hace que las disposiciones del presente Reglamento tengan hoy en día una vigencia supletoria y muy limitada en la
    práctica. El desarrollo tecnológico y social hace también obsoletas muchas de las medidas que propone el RAMINP, aunque también existen lagunas muy importantes en problemáticas específicas como la de los olores aquí tratada.
    La normativa es pues extremadamente difusa, siendo al final los entes locales los que se ven más frecuentemente enfrentados al problema derivado de las protestas de tipo social por olores. El problema se complica en gran manera debido a la citada indefinición, cuando los problemas se trasladan al ámbito judicial que aunque no es objeto de este trabajo, mencionaremos brevemente para decir que la tendencia actual, (en gran parte motivada por la jurisprudencia establecida en el “caso López Ostra” sentencia de 4 de
    diciembre de 1994 del TEDH-Tribunal Europeo de los Derechos Humanos), es a definir los problemas de afección de olores como un problema de “salud y bienestar público y de las personas”, indicando en este caso “la vulneración del derecho a la tranquilidad del domicilio, impidiendo una normal vida privada y familiar…” vulnerando por tanto el artículo 8 del “Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales. Tratado de Roma, 4 de noviembre de 1950”.
    Dicha sentencia, así como otras sentencias judiciales de ámbito español, establecen el principio de prioridad de los derechos individuales o propiedad ajena frente a los derechos de las industrias o en este caso infraestructuras ambientales, que han sido cerradas, obligadas al traslado o en el mejor de los casos obligadas a garantizar la desaparición en términos absolutos de las emisiones u olores, en términos de inmisiones y de molestias causadas en las zonas circundantes. Cada vez con mas frecuencia, estas tesis han sido
    asumidas en no pocos casos, como propia por cada vez mas numerosas administraciones autonómicas, a la hora de tramitar expedientes y medidas sancionadoras, siendo el principal problema la posible parcialidad y la subjetividad de dichas actuaciones derivada de la falta de normativa específica y de metodología para determinar y cuantificar la incidencia real de los olores.

    = = =

    Publicado por oriondepanthoseas | 18/02/2015, 16:33

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