Mirando al mar

Historia de un balneario y hotel que forma parte del pasado de Castro

El pasado 13 de octubre de 2017, la Demarcación de Costas publicaba en el Boletín Oficial de Cantabria la convocatoria para el levantamiento de actas previas de ocupación de los bienes y derechos afectados por la expropiación forzosa para la ejecución de las obras de demolición de un edificio en la playa de Brazomar, término municipal de Castro Urdiales. Se trata del Hotel Miramar, que tras casi 75 años en pie sobre nuestro arenal más urbano vive una inexorable cuenta atrás hacia su derribo y desaparición.

Desde CastroVerde siempre hemos defendido que el Hotel Miramar era un patrimonio a conservar que indudablemente podría servir a otros usos de interés público, aunque la Ley de Costas los limita tanto que no se ha encontrado viabilidad en ninguno. Esta es la historia de este edificio y la explicación de por qué su salvación, pese a ser deseada por todos los grupos políticos y gran parte de los ciudadanos, ha sido infructuosa hasta la fecha.

Años 40
En los años posteriores a la Guerra Civil española, el Ayuntamiento de entonces construye este edificio, aprovechando como obreros a los presos políticos y sin las autorizaciones correspondientes. Se trataba entonces de un balneario con vestuarios, baños de algas y un bar-restaurante que pretendían ser un lugar de descanso para los enfermos, en el estilo de arquitectura racionalista que había imperado a lo largo de
las décadas de los 20 y los 30.
En 1942 la instalación es arrendada a la familia Alonso y en 1945 el balneario se transforma en hotel, alquilándolo un madrileño.

Años 50
En 1955 el Ayuntamiento logra la concesión de uso del dominio público marítimo-terrestre, que concede el Gobierno de España para un edificio balneario que diera servicios a la playa de Brazomar, a través de una resolución que fue ratificada en 1963 por la Orden Ministerial de la Dirección General de Puertos y Señales Marítimas. La instalación se saca en 1956 a subasta y es adquirida por 310.000 pesetas por el castreño Ramón Peña Aznar, quien realizó obras de ampliación. Cuatro años después lo compran los Alonso.

Años 60-70
Tras varias reformas, el hotel llega a ocupar 857 m2 , de los cuales 542 están en dominio público marítimo-terrestre y los 315 restantes en servidumbre de protección y tránsito. Dentro hay 34 habitaciones y un comedor para 180 personas.

1988
En ese año se aprueba la Ley de Costas cuyo artículo 25 establece las prohibiciones para la zona de servidumbre y dominio marítimo-terrestre (y que fue actualizada en 2013 manteniendo esas restricciones, aunque la línea de servidumbre se redujo de 100 a 20 metros). En concreto, la ley se expresa así:

«Artículo 25
1. En la zona de servidumbre de protección estarán prohibidos:
a) Las edificaciones destinadas a residencia o habitación.
(…)
2. Con carácter ordinario, sólo se permitirán en esta zona las obras, instalaciones y actividades que, por su naturaleza, no puedan tener otra ubicación, como los establecimientos de cultivo marino o las salinas marítimas, o aquellos que presten servicios necesarios o convenientes para el uso del dominio público marítimo-terrestre, así como las instalaciones deportivas descubiertas.
(…)
3. Excepcionalmente y por razones de utilidad pública debidamente acreditadas, el Consejo de Ministros podrá autorizar las edificaciones a que se refiere la letra a) (…) que sean de excepcional importancia y que, por razones económicas justificadas, sea conveniente su ubicación en el litoral, siempre que, en ambos casos, se localicen en zonas de servidumbre correspondientes a tramos de costa que no constituyan playa, ni zonas húmedas u otros ámbitos de especial protección. Las actuaciones que se
autoricen conforme a lo previsto en este apartado deberán acomodarse al planeamiento urbanístico que se apruebe por las Administraciones competentes».

2007
El Ayuntamiento de Castro Urdiales solicita a la Consejería de Cultura del Gobierno de Cantabria la declaración del Hotel Miramar como Bien de Interés Local, buscando una figura de protección para el edificio. El intento no fructifica.

2008
En este año, el Gobierno declara la caducidad de la concesión al estarse utilizando el edificio como hotel y no como balneario. Ahí comienza la batalla de la familia Alonso por continuar con su negocio, para lo cual recurren la orden ministerial que aprobaba el deslinde marítimo-terrestre de Castro Urdiales.
Argumentan que el Ayuntamiento obtuvo en 1917 a concesión los terrenos resultantes de desecar la marisma existente en la zona, incluyendo el espacio que ocupa el Miramar.
Mientras tanto, el Consejo de Gobierno cántabro inadmite la pretensión del Ayuntamiento de abrir expediente para declarar al Miramar Bien de Interés Local, y se recurre ante el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria.

2009
El 12 de mayo, la Secretaría General Técnica del Ministerio de Medio Ambiente deniega la suspensión de esa orden, decisión que posteriormente -en octubre y en diciembre- ratifica la Audiencia Nacional.

2010-2011
El Tribunal Supremo confirma el deslinde marítimo-terrestre que sitúa al hotel dentro del dominio público, al asentarse en la misma playa (los límites de la concesión de 1917 se situaron al otro lado de la carretera), y se aprueba el proyecto de demolición. El TS también confirma las decisiones anteriormente tomadas por la Audiencia Nacional.
El Colegio de Arquitectos de Cantabria justifica públicamente el valor arquitectónico del edificio.

2012
El Tribunal Superior de Justicia de Cantabria falla contra los intentos de incoación de expediente para declarar al Miramar Bien de Interés Local. La decisión ya no se puede recurrir.

2013
En julio, la Audiencia Nacional ratifica el proyecto de demolición del Miramar, desestimando el recurso presentado por los propietarios del hotel.
El Senado aprueba la modificación de la Ley de Costas que se esperaba que salvara el edificio, pero finalmente no incluyó la situación del Miramar como legalizable, condenándolo al derribo.

2014
Según el alcalde de entonces (Iván González, PP), el Ayuntamiento estaba trabajando en una solución para salvar el Miramar, e incluso los servicios jurídicos y técnicos del Ayuntamiento estaban «concentrados» en buscar una solución para evitar el derribo.
En la misma noticia se indicaba, por parte del entonces candidato del PRC, que “tengo el compromiso de Revilla de comprar el edificio y cederlo a Castro en caso de que vuelva a gobernar en Cantabria”. Aspecto que fue desmentido por el mismo candidato en 2016.
También desde el Gobierno de Cantabria (Ignacio Diego, PP), se informaba que se trabajaba «con discreción» en una solución para el Miramar; sin embargo no se quiso desvelar las gestiones que dicho ejecutivo estaba realizando al respecto.

2015
En el segundo pleno ordinario de la legislatura 2015-2019, con Ángel Díaz-Munío ya como alcalde por CastroVerde, se debate una moción del PRC para evitar la demolición del hotel. La propuesta, aprobada por unanimidad, contempla tramitar un cambio de uso en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), para hacerlo compatible con lo que permite la Ley de Costas.
Posteriormente el alcalde mantuvo reuniones con el jefe de la Demarcación de Costas para consultar los posibles usos del edificio que encajaran en la Ley de Costas, sin que se obtuviera una respuesta concreta, por lo que se solicitó por escrito, obteniendo respuesta de Costas en enero de 2016.

2016
El PSOE de Castro apostaba por convertir el edificio del Hotel Miramar en una Escuela de Hostelería, en un comunicado en el que además decía que esta propuesta «podría estar avalada y apoyada por la Consejería de Educación del Gobierno de Cantabria” (consejería gestionada por este partido).
Casi al mismo tiempo se informaba por CastroVerde en una Comisión de Urbanismo de que el uso de balneario sí tendría el visto bueno de Costas tras las consultas realizadas sobre usos permitidos, que se ceñían únicamente a los que estén justificados a desarrollarse en la ubicación sobre la playa, pero sin habitaciones.

Visto que el uso de balneario tendría el visto bueno de Costas, el alcalde mantuvo contactos con el gerente del Centro de Talasoterapia ‘La Perla’ situado en la playa de la Concha (San Sebastián), para recoger información del tipo de instalaciones de que dispone, ya que es un edificio de idénticas características al Miramar, situado encima de la playa. El mismo cuenta con instalaciones para cura con agua de mar, club deportivo, tratamientos de salud y un restaurante, pero sin habitaciones.

Posteriormente se tuvo otra reunión con todos los grupos municipales, informándose de las gestiones realizadas y poniendo de manifiesto las limitaciones de Costas para otorgar una nueva concesión, así como las implicaciones económicas. En esa reunión quedó claro que el Ayuntamiento no podría asumir el coste de compra y rehabilitación del edificio y se consultó a Costas si podría ceder al Ayuntamiento el edificio tras indemnizarlo, ahorrándose así el coste del derribo. Aspecto que Costas desestimó posteriormente.

El 13 de junio se mantuvo una reunión con el consejero de Educación solicitando se considerara la propuesta de Escuela de Hostelería que hizo el PSOE de Castro, para que estudiara su viabilidad, comprometiéndose aquél a tratarlo en un Consejo de Gobierno. Ante la falta de respuesta se reiteró la solicitud el 7 de julio a la Consejería de Educación.

En octubre de 2016, el alcalde informaba a todos los grupos municipales en una Comisión Informativa de Servicios a la Ciudadanía de las gestiones hechas al respecto y lamentaba que el Ayuntamiento se había quedado solo para afrontar los costes que supondrían salvar el Miramar (indemnización, rehabilitación y puesta en marcha).

Balneario de La Perla, en la playa de La Concha, San Sebastián.

2017
Una revista especializada del sector hotelero se interesa por la situación del Miramar y el Ayuntamiento lanza el mensaje de la necesidad de una inversión.
En junio, debido al mal estado del edificio y al peligro de caída de cristales y cascotes a la playa en temporada de baño, el Ayuntamiento procedió a vallarlo, requiriendo a Costas que asegurara las partes del edificio defectuosas, organismo que rehusó responsabilidad al respecto.

En octubre, Costas anuncia que procederá al levantamiento de actas previas de ocupación de los bienes y derechos afectados por la expropiación forzosa para la ejecución de las obras de demolición del edificio.
Ante la noticia, el alcalde convoca una rueda de prensa en la que explica todos los antecedentes y la situación del edificio, lamentando la falta de apoyo tanto de la Demarcación de Costas como del Gobierno de Cantabria en la financiación de los casi 2 millones de euros que serían necesarios para salvar el edificio, coste inasumible para el Ayuntamiento.
Posteriormente partidos de la oposición (PSOE y PP) critican al Ayuntamiento por que a su juicio no hizo todo lo posible por salvar el edificio, lo cual queda en entredicho por lo comentado anteriormente y por la propia gestión de esos partidos en sus áreas de responsabilidad.

El 13 de octubre, el alcalde y la concejala de Educación y Patrimonio visitan al consejero de Educación y Cultura y a la directora general de Cultura, recientemente nombrados, informándoles de la situación del Miramar y sus antecedentes.

En conclusión, conservar el edificio pasa por encontrar un uso que sea autorizado por Costas, que hasta ahora sólo habría dado el visto bueno de balneario y no educativo, ni asistencial, ni hotelero, siendo necesaria una fuerte inversión para cualquiera de los usos que el Ayuntamiento no puede asumir y el resto de administraciones (regional y estatal), por silencio, parece que no financiarán.