La noticia conocida hace dos meses de la aprobación provisional por parte de la Comisión Mixta del 1,5% Cultural de la concesión para la rehabilitación del Cargadero de Dícido fue, sin duda, una buena noticia. Supuso la posibilidad de contar con 1,125 millones de euros para la rehabilitación del bien cultural. Sin embargo, preocupa a CastroVerde la responsabilidad económica que va a asumir el Ayuntamiento, especialmente después de tener acceso al convenio marco de colaboración entre el Gobierno regional y el Ayuntamiento.
Se esperaba ver recogidos en tan esperado documento los compromisos anunciados repetidamente tanto por el vicepresidente Zuloaga como por la alcaldesa Herrán de pagar a partes iguales la cantidad no subvencionada. Pero se trata de un convenio que no es más que una declaración de intenciones por parte del Gobierno regional, además de una falta absoluta de garantías de que van a cumplir sus públicas promesas. Y todo ello a costa de enterrar definitivamente el acuerdo institucional que consiguió CastroVerde en la pasada legislatura y que logró involucrar también a Costas.
Mientras tanto, el Ayuntamiento ya ha comprometido en solitario el pago del total de la parte no financiada, es decir, el 25% del proyecto de rehabilitación presentado al concurso, más el mantenimiento del cargadero, la dirección de obras y la seguridad de sus accesos.
Sorprenden las recientes declaraciones de ambos mandatarios a una emisora local, afín a su partido, en la que se jactan de “cumplir lo que prometen” y remitiendo a los ciudadanos al BOC para comprobarlo. Tras hacerlo, una vez más, las promesas del PSOE son sólo humo.
Dice el convenio que las aportaciones del Gobierno regional al Ayuntamiento, sin especificar el cuánto ni el cuándo, se harán en ejercicios posteriores y condicionadas a que haya las partidas presupuestarias que las habilite. Es lo mismo que no decir nada.
Os ofrecemos la entrevista a Ángel Díaz-Munío en COPE Cantabria Oriental:
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