El gobierno municipal bloquea el acceso al proyecto de rehabilitación de la Barrera sembrando la duda sobre la tala de árboles

Ante las dudas suscitadas sobre el tratamiento de los árboles en el proyecto contratado por el Ayuntamiento para remodelar la plaza de la Barrera, CastroVerde ha solicitado el acceso al documento para solventar dudas al respecto.

El proyecto fue contratado a la empresa PRAXIS en febrero de 2022 por 7.700 € y fue entregado en el Ayuntamiento en junio, momento en que se abonó la factura del trabajo contratado. 

Ante nuestra sorpresa, desde los servicios de Contratación municipales nos impiden acceder al documento con el argumento de que precisaba de autorización del concejal de Urbanismo, pese a que el expediente de contratación estaba ya terminado, la factura pagada y el proyecto es propiedad del Ayuntamiento.

Pese a lo inaudito del “procedimiento”, el lunes se cursó solicitud de acceso y el jueves seguía sin respuesta. Por ello en la Comisión Informativa de Urbanismo celebrada el mismo jueves, desde CastroVerde hicimos la consulta directa al concejal del área, Alejandro Fernández (PSOE) quien contestó con evasivas, para concluir que no podía dar acceso al proyecto porque éste no había sido examinado aún por el gobierno municipal.

El acceso a documentos de las Instituciones para sus representantes públicos (en este caso concejales electos por los ciudadanos) es una prerrogativa recogida en la ley y no un “procedimiento” que pueda ocurrírsele al gobernante, como lo sucedido en este caso. Una vez más se demuestra la inconsistencia de la palabra transparencia cada vez que la pronuncia el gobierno municipal de nuestro Ayuntamiento.

Ocultando la información de esta manera –que además fue pagada con dinero público- no se hace más que aumentar la preocupación sobre las actuaciones previstas con los árboles de la plaza de La Barrera en dicho proyecto. Además es una mala estrategia, ya que al final se acabará conociendo el contenido del mismo.

El gobierno municipal (PSOE) no podrá escudarse en que el proyecto no responde a ninguna iniciativa política, ya que los proyectistas reciben unas directrices generales de lo que se quiere realizar en una actuación de impacto público como ésta, y éstos no van nunca a proponer la tala de árboles en el documento final.