El PSOE apuesta por el PP para que ‘vigile’ sus contratos

El pasado mes de octubre, el PSOE nombró presidenta de la comisión de control de la contratación a Ana Urrestarazu (PP) transgrediendo el acuerdo plenario de que la presidencia fuera a propuesta de la oposición, que se venía respetando desde su creación en 2011.

Es por ello que los grupos de la oposición, PRC, Podemos y CastroVerde cursaron un recurso de reposición a aquella decisión, que ahora se resuelve favorablemente a la imposición por el gobierno (PSOE) de quién debe vigilar sus contratos (PP) apoyándose en argucias legales.

El hecho es que la comisión se creó como órgano de control político, demostrando así el talante democrático de quien gobernaba, pues su cumplimiento no radica en una obligación legal, sino de ética.

Ahora, el PSOE da un paso más en su estrategia de desmontar los pasos dados para favorecer la transparencia durante la legislatura que gobernó CastroVerde, en los que además de defender y facilitar el control al gobierno por la oposición, también se creó el Portal de Transparencia publicando multitud de datos que en esta legislatura se han bloqueado.

A este respecto, CastroVerde propuso al pleno la recuperación de esa información que se ofrecía a los ciudadanos, como el sueldo de los políticos, su formación y experiencia profesional, y unos listados de contratación entendibles para los ciudadanos, como se realizaba antes. La propuesta fue tumbada conjuntamente por el PSOE y el PP.

La importancia del control de la oposición se demuestra en asuntos desvelados por CV como los contratos con diversos medios de comunicación para vender “la gestión” de su gobierno, la proliferación de contratos de poda, la chapuza en la fuente de los leones o los incumplimientos del CastroBus.

Lo anterior refuerza que CastroVerde siga informando a la ciudadanía de todos los asuntos que se ocultan por el gobierno, y motiva que no asista a una Comisión de Vigilancia montada a gusto del “vigilado”, a la que retornará cuando se respeten los principios de ética democrática que se acordaron en su creación hace 10 años, que establecía que el presidente de la misma sea a propuesta de los partidos de la oposición.