Convenio de Lolín: el Ayuntamiento no tiene obligación, los políticos sí

El Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) ha rechazado la demanda que interpuso Anchoas Lolín contra el Ayuntamiento por no dar cumplimiento al convenio que precisamente validó el mismo juzgado. A las pocas horas, la conservera anunciaba que se ve abocada a su cierre, perdiéndose los 50 puestos de trabajo con que contaba.

Hace algo más de un año el Juzgado de lo Contencioso nº2 determinó que el Ayuntamiento debía afrontar la modificación del PGOU de la fábrica de manera coherente con toda la tramitación anterior y no arbitrariamente. Sin embargo, la sala estimó que -al tratarse de un asunto de planeamiento urbanístico- el juez no era competente y debía tramitarse en el TSJ.

Ahora, la sentencia falla que el Ayuntamiento no está obligado a aprobar la modificación del PGOU según lo establecido en el Convenio Urbanístico con la fábrica. Algo que CastroVerde ya advirtió hace más de un año: no se trata de obligación, sino de que no existe impedimento legal para aprobarlo al contar con todos los informes favorables y que, además, la actuación garantiza el interés general al dar cumplimento a un convenio que fue avalado por el mismo Tribunal.

Sin embargo, lo que dice la sentencia resulta intrascendente para el problema de fondo. Se trata de la voluntad política y no de obligación. Así fue defendido por CV en el pleno celebrado el 4 de febrero de 2020 y pese a las excusas del PSOE para no aprobarlo, en la fase judicial el Ayuntamiento ha basado su oposición a la demanda en la “potestad de planeamiento”, esto es, la decisión política del pleno en materia urbanística.

Al margen de la polémica generada, el Ayuntamiento no se ha apoyado en la supuesta inundabilidad de la parcela. Incluso cuando la alcaldesa declaró ante el juez Acayro no aludió a la recurrida excusa y el abogado municipal justificó la decisión de no aprobar la modificación del PGOU de la fábrica en una decisión política. 

El expediente de la modificación del PGOU, tramitado durante años, pasó varias veces por el pleno y contaba con todos los informes favorables: de la Demarcación de Costas, de Medio Ambiente, de Fomento e incluso de la Confederación Hidrográfica. Finalmente, fue aprobado por la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo (CROTU). Con la nueva ley del suelo (en tramitación) la modificación estaría ya aprobada definitivamente sin necesidad de devolverlo al pleno.

Efectivamente, aunque no tenga impedimento legal para aprobar la modificación del PGOU -que daría cumplimiento a un convenio urbanístico avalado por el TSJ, obteniendo instalaciones y una importante infraestructura peatonal-ciclista, y evitando que una empresa con 50 trabajadores quiebre, llevándola a Vallegón, y se desarrollaría una actividad comercial en Brazomar- el Ayuntamiento no tiene obligación legal de aprobarlo. Pero los políticos sí, ya que deben hacer todo lo que legalmente esté en su mano para crear -o al menos preservar- el empleo en nuestro municipio. El PSOE incumple este código deontológico básico de quien quiere representar a sus vecinos, por mucho que se escude en jerga jurídica.

El Ayuntamiento, gobernado ahora por el socialistas y Cs, justifica su negativa a aprobar la modificación que llevaba años tramitándose porque la ordenación urbanística, es decir el futuro de la ciudad, responde a los criterios políticos de quien gobierne y está sujeta a cambios tras la elecciones. ¿Para qué entonces el cacareado Plan Estratégico? Argumento que hace aguas la seguridad jurídica y la confianza empresarial hacia el consistorio. Con estos antecedentes ¿qué empresa de entidad va a querer instalarse en Castro?